El departamento y la corporación han renovado el convenio de colaboración en el que el Ejecutivo foral aportará 20.000 euros
La consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo, y el decano del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de Navarra, Manuel Rodríguez, han renovado recientemente el convenio entre ambas instituciones en donde como novedad, se pondrá en marcha un nuevo proyecto centrado en la gestión pública de políticas de convivencia.
Este convenio y la subvención de 20.000 euros que concede el Gobierno de Navarra se inscriben en el marco de colaboración establecido en 2020 y cuyo objeto consiste en impulsar conjuntamente las siguientes actuaciones:
• Estudios y sondeos sobre distintos aspectos de la convivencia en Navarra.
• Estudios relacionados con el impacto del terrorismo en Navarra. Desde hace dos años, el colegio viene trabajando en un proyecto de investigación relacionado con este ámbito
• Formación en el ámbito de la gestión pública de políticas de memoria, convivencia y derechos humanos.
Este año, el proyecto presentado por el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de Navarra desarrollará varias iniciativas destinadas a observar los procesos de evaluación que se desarrollan por el Gobierno de Navarra tomando como referencia el recientemente aprobado I Plan Estratégico de Convivencia de Navarra y, a la vez, favorecer la formación de profesionales y jóvenes alumnos en las técnicas de evaluación de políticas públicas de Convivencia. Este proyecto, a través de la observación y del aprendizaje continuo, servirá para identificar aspectos de mejora, realizando propuestas profesionales para su aplicación.
En este sentido, el colegio, a través de su recientemente creada Comisión de Convivencia, tiene prevista la organización de varias iniciativas de formación y debate en colaboración con la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, teniendo como principal objetivo la participación e implicación de personas vinculadas profesionalmente a la politología y la sociología interesadas en la evaluación de políticas públicas, y más en concreto en las relacionadas con la memoria, convivencia y derechos humanos.